La realidad que se vive en la República del Congo es desgarradora, su riqueza mineral ha sido su peor desgracia, pues desde hace décadas sido saqueada sin que esto se traduzca en una mejora en la calidad de vida para sus habitantes, quienes, subsumidos en la pobreza, sufren diariamente la violación sistemática de sus derechos humanos.
La demanda irresponsable de oro, diamantes, estaño, cobalto, wolframita, coltán, entre otros, que mantiene la industria tecnológica para la producción de componentes electrónicas y el consumo acelerado de los países occidentales son un factor determinante para mantener esta situación.
Se cree que entre un 70% y un 80% de las reservas mundiales de coltán se encuentra en la República del Congo, este mineral es estratégicamente importante para la industria eléctrica y es utilizado para la producción de smartphones, ordenadores, automóviles eléctricos, armas y video juegos.
La minería del coltán se desarrolla en una modalidad artesanal, sin medidas de protección, prácticamente sin ayuda de ninguna maquinaria, con jornadas de que se extienden hasta 14 horas, en situaciones de esclavitud y con la intervención de niños, cuyo tamaño es conveniente para adentrarse en pequeños túneles. Los derrumbes, accidentes y la aspiración de gases tóxicos generan altas tasas de mortalidad entre los trabajadores.
Muchas de las minas extractivas son dirigidas por los grupos armados, los cuales se valen de las ganancias económicas para la compra de armamento y el sustento de sus organizaciones. Bien conocidas por la comunidad internacional son las transgresiones que perpetran los mismos: matanzas, violaciones masivas, torturas, reclutamiento de niños y niñas para que sirvan como soldado.
Después de extraídos, los minerales son vendidos a intermediarios, dentro de los que destacan empresarios chinos y comerciantes que llevan a Ruanda los materiales para ser comercializados en este lugar y eventualmente llegar a manos de las transnacionales. Esto explica por qué este último es el país líder en la exportación de coltán, a pesar de no tener grandes yacimientos del mismo.
Actualmente y desde el 2014 existe un sistema mediante el cual se certifica a las distintas minas, debido a la ley estadounidense Dodd-Frank, que obliga a las empresas a demostrar que sus minerales son “libres de conflicto”, es decir, que se compruebe que no son un medio de financiamiento para los grupos armados. Sin embargo este método ha sido insuficiente para frenar la actuación de los guerrilleros y se calcula que menos de un 10% de las minas son certificadas.
Algo similar sucede con el cobalto, pues la República Democrática del Congo extrae entre el 50 y 60% de la totalidad de este mineral en el mundo. El proceso no siempre es artesanal, pero las condiciones de explotación hacia sus trabajadores se repiten, así mismo el escenario de corrupción
En enero del año 2016 las organizaciones no gubernamentales de Amnistía Internacional y Afrewatch publicaron un importante informe sobre la violación de derechos humanos en el Congo alrededor de la extracción de cobalto, así mismo la respuesta obtenida por algunas de las principales empresas que podrían estar involucradas, pues son en manos de quienes terminan estos minerales. Una gran mayoría alegó en su momento desconocer la situación.
En el año 2017, se realizó un segundo informe de seguimiento, en el que se indicó que Apple se situó como la empresa de mayor responsabilidad en cuanto al abastecimiento de cobalto se trata, seguido DELL, HP, BMW y Tesla. Si bien es cierto no se ha logrado un abastecimiento 100% responsable estas empresas han logrado ciertos avances. De lo contrario otras empresas como Microsoft, Vodafone, Renault y Lenovo parecieran no mostrar interés real en mejorar.
La problemática no se circunscribe a lo social, político y económico, sino que también existe un daño media ambiental severo, destruyendo significativas extensiones de selva y acabando con especies que inclusive se encuentran en peligro de extinción como elefantes, gorilas y orangutanes
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