A pesar de que el sector financiero pareciera mantenerse al margen de las violaciones de derechos humanos, ya que por la naturaleza de sus operaciones, altamente técnicas y elitistas, no se evidencia un vínculo a la explotación o abusos de personas o del medio ambiente. Sin embargo habría que ser muy ingenuo para creer que estas grandes transnacionales financieras, por las que pasan grandes flujos de capitales, no tienen una idea de lo que hacen sus clientes.
Es obligación de los bancos, mercados de valores, analistas financieros, empresas de seguros y crediticias y demás entes financieros el mantener un régimen estricto de control y detección de transacciones riesgosas.
La legitimación de capitales o la evasión de impuestos no serían posibles sin la existencia de estas instituciones, las que muchas veces actúan como cómplices conscientes de negocios ilícitos al permitir los movimientos que grupos criminales y transgresores de derechos humanos llevan a cabo mediante sus plataformas. En este mismo sentido, se prestan para financiar proyectos y empresas que no son respetuosos de estándares mínimos de derechos humanos, solamente por adquirir beneficios económicos.
Escándalos como el de Swiss leaks (2015) o Panama Papers (2016) denotan su evidente involucramiento en actividades delictivas. El hecho de que no se tengan víctimas directas no significa que no se pueda comprender con facilidad como el desviamiento de recursos públicos se traduce en la falta de inversión pública que afecta a la sociedad en general, pero en mayor medida a las personas de estratos sociales más bajos, quienes requieren en mayor medida de la asistencia estatal.
Por otro lado, el endeudamiento excesivo, especialmente para poblaciones vulnerables, es un obstáculo para el progreso económico que mantiene a los individuos y a sus familias subsumidas en la pobreza, lo que limita gravemente el acceso a bienes y servicios básicos y por tanto, compromete el disfrute de los derechos humanos.
A pesar de lo anterior, las grandes corporaciones se escudan en que su fin último es lucrar y que cualquier tipo de limitación a sus operaciones serían restricciones inaceptables a la libertad de empresa y mercado, que atentan contra la democracia. Pero, ¿Vamos a seguir permitiendo estos discursos? Debemos de exigir responsabilidad a las millonarias multinacionales financieras, que como intermediarios exijan transparencia a sus clientes y a su vez demanden explicaciones sobre en qué se invierte el dinero concedido, a su vez que ellos rinden explicaciones a la ciudadanía. Después de todo, son parte de la sociedad igual que todos. Como consumidores debemos poner igualmente de nuestra parte y escoger opciones de bancas solidarias y ética.